ĐĎॹá>ţ˙ …ˆţ˙˙˙‚ƒ„˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ěĽÁcŕ řżŮ1bjbjzz ó6~]\~]\‰ĘÝZD˙˙˙˙˙˙ˇ88°ň˘üž ž ž D˙˙˙˙â â ⠀b!”ö$Œâ ͍ä‚% Œ(˘(˘(˘(Ö)&ü/ÄŔ1䍍$ąśg’‚6Qž ¤2Ö)Ö)¤2¤26ž ž ˘(˘(4‡†A†A†A¤2Žž ˘(ž ˘(†A¤2†A†AÚÂ} ꃢ(˙˙˙˙ŕRŞ7ň2Ó˙˙˙˙R:(Î:üŒ0͍€âé’z: é’tęƒęƒţ钞 脤2¤2†A¤2¤2¤2¤2¤266†A¤2¤2¤2͍¤2¤2¤2¤2˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙钤2¤2¤2¤2¤2¤2¤2¤2¤28> v:  Caso Cristal Tovar Vs. Republica Democrática de Exclutia Representante de las víctimas ABREVIATURAS Artículo / (s): Art. / Arts. Comisión Interamericana de Derechos Humanos: CIDH Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad: CETFDPD Consejo Nacional de Personas con Discapacidad de Exclutia: CONADISE Convención Americana sobre Derechos Humanos: CADH o Convención Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: CDPD Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad: CIEDPD Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Belém Do Pará”: Convención “Belém Do ParᔠCorte Interamericana de Derechos Humanos: Corte IDH o Corte Derechos Humanos: DDHH Organización de Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad: ODNEI Organización de Estados Americanos: OEA Organización de las Naciones Unidas: ONU Página / (s): Pág. / Págs. Párrafo / (s): Párr. / Párrs. Personas con discapacidad: PCD Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Protocolo de San Salvador Tribunal Europeo de Derechos Humanos: TEDH INDICE  TOC \o "1-3" \h \z \u  HYPERLINK \l "_Toc383363412" BIBLIOGRAFÍA  PAGEREF _Toc383363412 \h II  HYPERLINK \l "_Toc383363413" A) Libros y documentos legales  PAGEREF _Toc383363413 \h II  HYPERLINK \l "_Toc383363414" A.1) Libros  PAGEREF _Toc383363414 \h II  HYPERLINK \l "_Toc383363415" A.2) Documentos legales  PAGEREF _Toc383363415 \h III  HYPERLINK \l "_Toc383363416" B) Casos Legales  PAGEREF _Toc383363416 \h IV  HYPERLINK \l "_Toc383363417" B.1) Corte Interamericana de Derechos Humanos  PAGEREF _Toc383363417 \h IV  HYPERLINK \l "_Toc383363418" B.2) Tribunal Europeo de Derechos Humanos  PAGEREF _Toc383363418 \h VII  HYPERLINK \l "_Toc383363419" B.3) Comité de los derechos de las personas con discapacidad  PAGEREF _Toc383363419 \h VII  HYPERLINK \l "_Toc383363420" I. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS  PAGEREF _Toc383363420 \h 1  HYPERLINK \l "_Toc383363421" II. ASPECTOS PRELIMINARES  PAGEREF _Toc383363421 \h 4  HYPERLINK \l "_Toc383363422" A) Competencia de la Corte IDH  PAGEREF _Toc383363422 \h 4  HYPERLINK \l "_Toc383363423" B) Sobre la excepción de extemporaneidad de la petición ante la CIDH  PAGEREF _Toc383363423 \h 5  HYPERLINK \l "_Toc383363424" III. ANALISIS LEGAL DEL CASO  PAGEREF _Toc383363424 \h 6  HYPERLINK \l "_Toc383363425" A) Exclutia violó los artículos 3, 8 y 25 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la CADH  PAGEREF _Toc383363425 \h 6  HYPERLINK \l "_Toc383363426" B) Exclutia violó los artículos 7, 5 y 11 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la CADH  PAGEREF _Toc383363426 \h 10  HYPERLINK \l "_Toc383363427" C) Exclutia violó el artículo 24 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la CADH  PAGEREF _Toc383363427 \h 18  HYPERLINK \l "_Toc383363428" D) Exclutia violó el artículo 23 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la CADH  PAGEREF _Toc383363428 \h 20  HYPERLINK \l "_Toc383363429" E) Respecto a la solicitud de Medidas Provisionales  PAGEREF _Toc383363429 \h 21  HYPERLINK \l "_Toc383363430" IV. PETITORIO  PAGEREF _Toc383363430 \h 23  HYPERLINK \l "_Toc383363431" A) Medidas de reparación integral: rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización.  PAGEREF _Toc383363431 \h 23  HYPERLINK \l "_Toc383363432" B) Petitorio  PAGEREF _Toc383363432 \h 26 BIBLIOGRAFÍA A) Libros y documentos legales A.1) Libros DALLA VIA, Alberto Ricardo. Los derechos políticos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juselec/cont/29/dtr/ dtr2.pdf. (Cita pág. 20) DUA, Tarun y Otros. Guía de Intervención mhGAP para los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en el nivel de atención de la salud no especializada. Organización Mundial de la Salud. Panamá 2011. (Cita pág. 19). FAUNDEZ, Héctor. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José 2004. (Cita pág. 4). GONZÁLEZ RAMOS, Alonso Karim. CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Primera Edición. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México. México D.F. 2010. (Cita págs. 6 y 7). GONZALEZ VOLIO, Lorena. La competencia de la Corte Interamericana a la luz de su jurisprudencia y su nuevo reglamento. San José, 2002. (Cita pág. 4). O’DONNELL, Daniel. Derecho internacional de los derechos humanos – Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano. Primera Edición. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bogotá 2004. (Cita págs. 6 y 10). REY CANTOR, Ernesto y REY ANAYA, Ángela Margarita. Medidas Provisionales y Medidas Cautelares en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Editorial Nomos S.A. Bogotá 2005. (Cita pág. 21). A.2) Documentos legales Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. (Cita págs. 18 y 24). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. (Cita págs. 6, 12, 17, 20, 21, 24 y 25). Declaración de los Derechos del Impedido. (Cita págs. 10, 12, 25). Declaración de los Derechos del Retrasado Mental. (Cita págs. 6 y 13). Declaración de Madrid - Requisitos Éticos de la Práctica de la Psiquiatría. (Cita pág. 13). Diez Principios Básicos de las normas para la Atención de la Salud Mental. Organización Mundial de la Salud. División de Salud Mental y Prevención del Abuso de Sustancias. (Cita págs. 9, 13, 19 y 22). Informe provisional del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes – A/63/150. (Cita pág. 9, 12, 13 y 14) Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. (Cita págs. 13, 16, 17 y 25). Primera reunión extraordinaria del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. (Cita pág. 7). Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental. (Cita págs. 7, 10, 13, 16, 17, 23 y 25). Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. (Cita págs. 13, 14, 15, 16 y 23). Recomendación N° R (99) 4 Comité de Ministros a los Estados miembros sobre los principios referentes a la protección jurídica de los mayores incapacitados. (Cita págs. 19 y 21). Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Cita pág. 5, 22). B) Casos Legales B.1) Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16. (Cita pág. 11). Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30. (Cita págs. 7 y 9). Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42. (Cita pág. 24). Caso de los “Nińos de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63. (Cita pág. 10). Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70. (Cita págs. 6 y 10). Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112. (Cita págs. 10 y 14). Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114. (Cita pág. 11). Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127. (Cita pág. 20). Caso de las Nińas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Excepciones, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130. (Cita pág. 6). Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134. (Cita pág. 17). Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149. (Cita págs. 12, 13, 14, 16, 22 y 25). Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150. (Cita pág. 14). Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160. (Cita pág. 20). Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íńiguez. Vs. Ecuador. Excepciones, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170. (Cita págs. 10 y 12). Caso Castańeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184. (Cita pág. 20). Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203. (Cita pág. 5). Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No.205. (Cita pág. 24) Caso Fernández Ortega y Otros vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215. (Cita pág. 17). Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peńa Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. (Cita pág. 6). Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218. (Cita pág. 14). Caso Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre de 2011. Serie C No. 236. (Cita pág. 15). Caso Atala Riffo y Nińas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239. (Cita págs. 18 y 25). Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012 Serie C No. 241. (Cita págs. 13, 15 y 16). Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246. (Cita págs. 8, 23 y 25). Caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C No. 257. (Cita págs. 5 y 17). Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 274. (Cita págs. 5 y 26). Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275. (Cita pág. 26). Asunto del Tribunal Constitucional respecto de Perú, Medidas Provisionales del 14 de agosto del 2000. (Cita pág. 21). Asunto del Periódico “La Nación” respecto de Costa Rica, Medidas Provisionales del 6 de diciembre de 2001. Considerando 4; (Cita pág. 21). Asunto de las Comunidades de Jiguamiando y del Curbarado respecto a Colombia, Medidas Provisionales del 06 de marzo del 2003. (Cita pág. 23). Asunto Gutiérrez Soler, Medidas Provisionales respecto de Colombia, Resolución de la Corte del 11 de marzo de 2005. (Cita pág. 10). Asunto de las personas privadas de la libertad en la penitenciaría “Dr. sebastiăo Martins silveira” en araraquara, săo paulo respecto de Brasil, Medidas Provisionales del 28 de julio de 2006. (Cita pág. 23). Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II respecto de Venezuela, Medidas Provisionales del 08 de febrero de 2008. (Cita págs. 21 y 22). Asunto Carpio Nicolle, Medidas Provisionales respecto a Guatemala, Resolución del 06 de julio del 2009. (Cita pág. 23). Asunto Cuatro Comunidades Indígenas Ngöbe y sus Miembros. Medidas Provisionales respecto de Panamá, Resolución del 28 de mayo de 2010. (Cita pág. 23) Asunto de la unidad de internación socio educativa, Medidas Provisionales respecto de Brasil, Resolución del 25 de febrero de 2011. (Cita pág. 22). Asunto Álvarez y otros respecto de la República de Colombia, Medidas Provisionales del 22 de mayo de 2013. (Cita pág. 22). Opinión Consultiva 8/87 del 30 de enero de 1987. (Cita pág. 9). Opinión Consultiva 18/03 del 17 de septiembre de 2003. (Cita pág. 7 y 18). B.2) Tribunal Europeo de Derechos Humanos Caso Niemietz Vs. Alemania, N° 13710/88, diciembre 16 de 1992. (Cita pág. 17). Caso Shtukaturov Vs. Russia, N° 44009/05, 27 de marzo de 2008. (Cita págs. 8, 9 y 10). Caso Alajos Kiss Vs. Hungría, N° 38832/06, mayo 20 de 2010. (Cita págs. 8 y 21). Caso Stanev Vs. Bulgaria, N° 36760/06, 17 de enero de 2012. (Cita págs. 9, 10, 11 y 16). Caso Sabri Güne_ Vs. Turquía, no. 27396/06, 29 de junio de 2012. (Cita pág. 5). Caso Horvát y Kiss Vs. Hungría, N° 11146/11, enero 29 de 2013. (Cita pág. 19). B.3) Comité de los derechos de las personas con discapacidad Caso H.M. Vs. Suecia. Dictamen aprobado por el Comité en su séptimo período de sesiones del 16 al 27 de abril de 2012. (Cita pág. 18). I. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS Exclutia ratificó la carta de la OEA el 30 de abril de 1948. El 10 de diciembre de 1989 ratificó CADH y aceptó la competencia contenciosa de la Corte IDH. Asimismo, ha ratificado: Protocolo de San Salvador el 29 de enero de 2001, CIEDPD el 27 de octubre de 2004 y la CDPD el 30 de agosto de 2008; ańo en que dio rango constitucional a los Tratados de DDHH. Cristal Tovar es una mujer de 33 ańos con una ceguera permanente, hecho que motivo a su padre a abandonar el hogar cuando ella tenía 15 ańos, dejando su atención y cuidado exclusivamente a su madre, la seńora Sandrina Castro, con quien desde entonces vivió en un pequeńo departamento ubicado al sur de la ciudad de Inclutiaran, capital de Exclutia. Debido a su discapacidad y a su situación de pobreza, Cristal abandonó sus estudios porque no tuvo acceso a una institución educativa acorde a su discapacidad. En abril de 2006, la seńora Castro falleció y debido a que el único ingreso en el hogar provenía del salario que devengaba, Cristal se vio en la necesidad de vender sus pocas pertenencias para su sostenimiento, lo que no era suficiente. A consecuencia de esto, Cristal inició la búsqueda de empleo con ayuda de su vecina, la seńora Anesí; sin embargo, cuando los empleadores notaban su discapacidad mostraban desinterés en contratarla. Luego de tres meses de incumplimiento en el pago del arrendamiento de su departamento se le hizo entrega de una notificación de desalojo. Anesí le comentó a Cristal acerca de las políticas públicas para las PCD en la ciudad de Pastrana, lo que la motivó a averiguar acerca de las ayudas disponibles para esta población en las oficinas del CONADISE de Inclutiaran, donde le informaron que la única alternativa de apoyo era la de albergues. Días después, Cristal desalojó su departamento, al no poder pagar la renta y las deudas que tenía. Dado que no quería ingresar a un albergue, se dirigió a la plaza pública de Inclutiaran, en donde empezó a pedir limosna durante el día y a dormir en una banca cercana a una fuente. El 03 de agosto de 2006, en cumplimiento de la iniciativa “Acogiendo a nuestros indigentes”, Cristal fue conducida por un agente de policía al albergue estatal llamado “La Casita”. “La Casita”, además de PCD, acogía a todo tipo de población en situación de indigencia. Allí no se contaba de manera permanente con agua potable, los bańos no funcionaban, los objetos de limpieza básica eran escasos, había hacinamiento, la alimentación era insuficiente, la ropa suministrada era vieja y no se ajustaba a la medida de los personas y algunas no contaban con calzado. Había dos cuartos de 2x2 metros, poco iluminados, ubicados en las áreas “B” y “D” usados en la práctica del aislamiento; estos contaban con un colchón en el piso y una cubeta para orinar y defecar. El personal para la atención de los pacientes era conformado por dos personas, encargadas de realizar terapias físicas, psicológicas o de entrenamiento para la vida cotidiana. A las mujeres les inyectaban anticonceptivos, indicándoles que era parte de su tratamiento. A su ingreso a “La Casita”, Cristal fue entrevistada por la trabajadora social del albergue, a quien manifestó que tenía familiares lejanos y proporcionó el teléfono de sus tíos, quienes al ser contactados informaron que no contaban con los recursos económicos para hacerse cargo de su sobrina. Luego, le fue practicado un examen médico general, seguido de uno psiquiátrico, según el cual a Cristal le fue diagnosticada una depresión mayor, considerada como una discapacidad mental. Después, fue aprobada su entrada al albergue por parte de su directora, la doctora Lira, y se le ubicó en el área “B”, destinada para las mujeres con discapacidad intelectual y mental. Para su ingreso a dicha área le fue cortado su cabello, aduciendo razones de higiene y, debido a su diagnostico psiquiátrico, le fueron recetados fármacos antidepresivos por seis meses. El 25 de agosto de 2006, la doctora Lira presentó una solicitud de interdicción a favor de Cristal, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 41 del código civil de Exclutia. Por orden del juez, a Cristal se le practicó un nuevo examen psiquiátrico, que confirmó el resultado del primer diagnóstico. El 15 de septiembre de 2006, se llevó a cabo la audiencia, a la que Cristal no fue convocada; cuando se le preguntó a la doctora Lira sobre la existencia de familiares de Cristal, ella contestó que no había ningún contacto con ellos. El 29 de septiembre de 2006, el juez declaró la interdicción de Cristal, nombrando como su tutora a la doctora Lira. El 1 de septiembre de 2007, Cristal presentó efectos secundarios a los medicamentos que tomaba, y consultó al médico de turno de “La Casita”, él le prescribió otros fármacos de tipo psiquiátrico para su tratamiento. Tras una crisis sufrida el 26 de diciembre de 2007, ella fue trasladada con urgencia al Hospital Raúl Cano. El médico que la atendió allí, evaluó su estado de salud y consideró que debía permanecer en observación. Durante su estadía en el hospital, Cristal le contó sobre su situación en “La Casita” a la enfermera Ángela, por medio de quien logró ponerse en contacto con la seńora Mirtha Sicha, abogada de la ODNEI. El 21 de febrero de 2008, ODNEI presentó recurso de nulidad cuestionando la interdicción impuesta a Cristal, recurso que fue declarado inadmisible por falta de legitimidad mediante resolución de 18 de septiembre de 2008. ODNEI apeló dicha resolución el 1 de octubre de 2008, y tan solo con escuchar el testimonio de la doctora Lira, el Tribunal de Apelaciones decidió denegar el recurso de apelación el 18 de abril de 2009. ODNEI presentó recurso de amparo el 2 de noviembre de 2008, alegó que las condiciones en “La Casita” afectaban los derechos de las PCD allí alojadas, incluyendo a Cristal. El 2 de diciembre de 2008 fue declarado favorable el recurso, considerando que las condiciones de “La Casita” constituían una violación a los derechos fundamentales de las personas que allí residían. El 1 de septiembre de 2009, ODNEI presentó petición ante la CIDH, alegó la responsabilidad internacional de Exclutia por vulnerar la CADH. También solicitó medidas cautelares a favor de los residentes del albergue, concedidas un mes después. En su informe de fondo N° 12/13, la CIDH determinó que el Estado había vulnerado los mencionados arts. de la CADH, y adoptó una serie de recomendaciones y medidas de no repetición. El incumplimiento de estas motivó a la CIDH a someter el caso ante la Corte IDH el 14 de agosto de 2013. El 18 de abril de 2014 se solicitaron medidas provisionales a la Corte IDH a favor de Cristal, por la continuación de la práctica del aislamiento. Posteriormente, se fijó la audiencia para la 3ra semana de mayo de 2014, en la que la Corte IDH resolverá excepciones, fondo y medidas provisionales. II. ASPECTOS PRELIMINARES A) Competencia de la Corte IDH La Corte IDH es competente en razón de la persona, porque la víctima es una persona natural determinada, en este caso Cristal Tovar; en razón a la materia, debido a que los hechos constituyen violaciones a los DDHH consagrados en los arts. 3, 5, 7, 8, 11, 23, 24 y 25 en relación con los arts. 1.1 y 2 de la CADH, como instrumento vinculante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; en razón al tiempo, dado que los hechos ocurrieron después de la ratificación de la CADH por el Estado y el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte IDH; y en razón al lugar, ya que la vulneración de los derechos de Cristal ocurrió dentro de la jurisdicción de Exclutia. B) Sobre la excepción de extemporaneidad de la petición ante la CIDH Las excepciones preliminares constituyen un medio de defensa con el que cuentan los Estados para evitar que la Corte conozca de fondo un asunto determinado. Exclutia interpuso la excepción consagrada en el art. 46.1.b) de la CADH ante la CIDH; sin embargo, al invocarla se limitó solamente a enunciar la excepción, sin realizar la respectiva argumentación. Ya en el proceso ante la Corte IDH, el Estado argumentó la excepción tomando como referencia la notificación de la decisión del recurso de amparo, el 3 de diciembre de 2008, para contar el término de los 6 meses. Al hacer esto, el Estado desconoció que a la fecha de la decisión del recurso de amparo, estaba en trámite el recurso de apelación respecto a la solicitud de nulidad del proceso de interdicción. Por lo tanto, el término de los 6 meses se debe contar a partir de la notificación de la decisión del recurso de apelación, que fue el 19 de abril de 2009, al ser esta la última que guarda relación directa con el caso sub litis y con la que se agotó la jurisdicción interna; para que asegure el ejercicio efectivo del derecho a presentar peticiones individuales tal como lo ha expresado la Corte IDH, por lo que esta representación solicita a este Honorable Tribunal desestime la excepción preliminar invocada por Exclutia. III. ANALISIS LEGAL DEL CASO A) Exclutia violó los artículos 3, 8 y 25 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la CADH Debido a la relación intrínseca que guarda la violación de los derechos consagrados en los arts. 3, 8 y 25 de la CADH en el caso sub examine, se analizarán de manera conjunta, ya que con la declaración de interdicción de Cristal, Exclutia violó estos DDHH. La Corte IDH en su jurisprudencia sostiene que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica consiste en garantizar que, por el solo hecho de ser persona, todo individuo sea reconocido legalmente como sujeto de derechos y obligaciones. Además, ha establecido una relación directa entre este derecho y la capacidad jurídica, al considerarlo un parámetro para determinar si una persona puede ejercer los derechos de los que es titular. A la luz de la CDPD, este derecho es fundamental para el respeto y disfrute de los derechos de las PCD en igualdad de condiciones con las demás personas, por lo que se consolida como un prerrequisito para el disfrute de las garantías reconocidas en la CDPD. Cristal perdió la capacidad de ejercer sus derechos al ser declarada como interdicta, figura que se constituye en sí en una discriminación para las PCD, ya que el tener una discapacidad no implica el no poder ejercer sus derechos de manera autónoma; motivo por el cual, de acuerdo con el CETFDPD, se debe propender por un régimen de representación, en lugar de un régimen de curatela. Ejemplo de lo anterior son los casos de Suecia y Alemania, en los que fue abolida la figura de la interdicción, reemplazándola por figuras tendientes a la asistencia y no a la sustitución de la capacidad de las PCD. El derecho a las garantías judiciales se entiende como el conjunto de aspectos que deben tenerse en cuenta durante un proceso para que las personas puedan defender sus derechos frente a cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. En el artículo 8.1 de la CADH se establecen los lineamientos del debido proceso legal: i) que toda persona debe ser oída con las debidas garantías y ii) dentro de un plazo razonable por un juez competente e imparcial. En el cas d'espčce, la interdicción de la que fue objeto Cristal no se ajusta a los estándares internacionales en la materia. Es así, como en países de Latinoamérica se limita la incoación del proceso de interdicción solamente al cónyuge, compańero (a) permanente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, Ministerio Público, Defensor de Incapaces o al Fiscal; lo que implica que, el inicio de dicho proceso no se pueda dar por un particular sin que este tenga relación alguna con la persona con discapacidad. El TEDH en su jurisprudencia, se ha manifestado respecto a la restricción de los derechos de las PCD, indicando que los procesos de declaración de interdicción deben estar sujetos a un estricto escrutinio. Además especifica que, contra quien se adelanta el proceso debe ser escuchado en persona para que se manifieste respecto al caso y para que el juez se haga una opinión personal sobre la capacidad mental de la persona. Según lo anterior, una decisión basada exclusivamente en pruebas documentales no es razonable y vulnera el principio de contradicción. Ejemplo de ello es Paraguay, en donde antes de tomar cualquier decisión es obligación del juez hacer comparecer al presunto incapaz para examinarlo personalmente con la asistencia de un especialista; de no ser posible esto, el juez se debe trasladar, para el mismo efecto, al lugar de residencia o alojamiento de aquel. Si bien, el juez cumplió lo establecido en el art. 41 del código civil del Exclutia, la Corte IDH en su jurisprudencia establece que la ratificación de la CADH por parte de un Estado, implica que todos sus órganos, incluidos los jueces y demás funcionarios que imparten justicia, están sometidos a lo estipulado en la Convención y, deben ejercer un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la CADH. Respecto al derecho de la protección judicial, se ha establecido que uno de los pilares básicos y fundamentales tanto de la CADH, como de los ordenamientos jurídicos de cada uno de los Estados parte, es el adoptar el derecho a la protección judicial. Esto se debe a que de la obligación de garantía de los derechos a cargo del Estado, dimana la necesidad de contar dentro del ordenamiento jurídico interno con recursos sencillos, rápidos y efectivos para la defensa de los derechos de las personas. La limitación de la capacidad jurídica de Cristal no implica per se que ella no desee iniciar un proceso de revocatoria o de revisión en contra de la decisión que la declaró interdicta; sin embargo, el art. 41 del código civil de Exclutia limita este derecho al restringir su acceso solamente al tutor de la persona o al Ministerio Público. Se recalca la importancia de que la victima tenga la oportunidad de solicitar a un tribunal que se revise su declaración de interdicción, porque de acuerdo al TEDH, este derecho es de los más importantes para la persona, ya que un procedimiento de este tipo, una vez concluido será determinante para el restablecimiento del ejercicio de los derechos y libertades afectados por la declaración de interdicción. Por lo expuesto, queda demostrado que Exclutia violó los arts. 3, 8.1 y 25.1 en relación con los arts. 1.1 y 2 de la CADH, puesto que, con sus acciones y omisiones vulneró estos derechos y su legislación interna en materia de declaración de interdicción, no se adecua a los principios y derechos consagrados en la CADH, perjudicando a Cristal. B) Exclutia violó los artículos 7, 5 y 11 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la CADH Teniendo en cuenta que de la vulneración del art. 7 de la CADH se deriva la violación de los arts. 5 y 11 del mismo instrumento internacional, en el presente acápite se desarrollarán de manera conjunta. En su jurisprudencia, la Corte IDH ha dicho en sentido amplio que, la libertad es la capacidad de actuar conforme al ordenamiento jurídico interno del Estado en el que se encuentre; respecto a la libertad personal, se entiende la mera libertad física de la persona. La finalidad del art. 7.1 de la CADH es la protección de la libertad física de las personas y la seguridad personal de las mismas, porque de no haber las garantías suficientes, se presentaría una vulneración del derecho y la privación de las formas mínimas de protección legal. El día 3 de agosto de 2006, sin saber a dónde se dirigía, Cristal fue llevada por un policía a “La Casita” donde fue recluida y, tal como se desprende de la plataforma fáctica del caso sub judice, ella no dio su consentimiento para dicha reclusión, lo cual constituye la privación de su libertad. Si bien la medida de la reclusión se hizo en cumplimiento de una política pública encaminada a proteger a las personas en situación de calle, como ya ha dicho el TEDH, la necesidad de alojamiento y asistencia social de las personas vulnerables no debe conducir a la imposición de medidas de privación de la libertad, menos aún, si no se tiene en cuenta la voluntad de las mismas, de ser así, este tipo de medidas podrían dar lugar a situaciones de abuso y obstaculizar el ejercicio de sus derechos. Al momento de su ingreso a “La Casita”, Cristal fue diagnosticada como discapacitada mental. Con relación a la reclusión en instituciones psiquiátricas de las personas con este tipo de discapacidad, el TEDH ha establecido que deben concurrir tres requisitos: i) que se demuestre de forma fiable que la persona tiene un trastorno mental, ii) que dicho trastorno deber ser de un tipo y grado que justifique la reclusión obligatoria de la persona, y iii) que la continuación de la reclusión dependa de la persistencia del trastorno. De acuerdo a lo anterior, es evidente que la situación de Cristal no cumple ninguno de los requisitos previamente enunciados, por lo cual, su reclusión se constituye en una privación arbitraria de la libertad. Esto teniendo en cuenta que la medida a pesar de ser legal, vulnera los derechos fundamentales de Cristal y es desproporcionada. Dicha medida no se ajusta a los requisitos establecidos por la Corte IDH para evitar la arbitrariedad en materia de privación de la libertad, que son: i) que la finalidad de la medida que prive o restrinja la libertad no sea contraria a la Convención, ii) que la medida adoptada sea la idónea, iii) que sea necesaria y iv) que sea estrictamente proporcional. Los numerales 2 al 7 del art. 7 de la CADH regulan aspectos específicos al referirse a las garantías de la persona privada de la libertad; por lo que su vulneración implica también la violación de lo consagrado en el primer numeral del artículo. Por esto, al haber una privación arbitraria de la libertad, se están vulnerando los arts. 7.3 y 7.1 de la CADH por parte de Exclutia. Respecto al derecho de la integridad personal, la Corte IDH ha establecido que su violación tiene diversas connotaciones, que abarca desde la tortura, hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes; cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad, según los factores endógenos y exógenos en cada situación concreta. Con relación a estos factores, la Corte IDH ha manifestado respecto a la situación de las PCD recluidas en instituciones psiquiátricas, que existe un desequilibrio de poder entre la persona interna y la autoridad, por esta razón, los pacientes son particularmente vulnerables a la tortura u otras formas de trato cruel, inhumano o degradante. A causa del diagnostico de depresión mayor, a Cristal inicialmente le suministraron antidepresivos, sin informarle acerca de los efectos secundarios de los mismos, esto en contra del principio del consentimiento informado consagrado en diversos instrumentos internacionales. Luego de más de un ańo de recibir la medicación, Cristal presentó efectos secundarios, debido a que no hubo control de su tratamiento, hecho que muestra negligencia tanto del médico tratante como de la tutora de ella, pues como establece la OMS, se debe hacer un control periódico de todo tratamiento farmacológico dentro de un plazo razonable, el cual no debe superar los 6 meses. El 1 de septiembre de 2007, a Cristal también le suministraron medicamentos de tipo psiquiátrico y, como consecuencia, 3 meses después presentó efectos secundarios severos en su salud, ocasionando que fuera internada en el Hospital. Es por esto que, se considera que el uso impuesto e injustificado de esta medicación, constituye un tratamiento inhumano y degradante para el paciente, debido a la naturaleza potencialmente peligrosa y dolorosa de sus efectos secundarios. A las personas privadas de la libertad, de acuerdo a los artículos 5.1 y 5.2 de la CADH, les asiste el derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Esto aplica para las personas que se encuentran recluidas en centros carcelarios y también para aquellas que se encuentren bajo custodia y responsabilidad de hospitales psiquiátricos o asimiles. Cristal fue testigo en 3 ocasiones de la práctica del aislamiento al interior de “La Casita”, sobre lo cual, la Corte IDH establece que es una de las medidas más agresivas a la que puede ser sometido un paciente en tratamiento psiquiátrico, afirmando además que, así la persona no haya sido sometida a esa práctica, la mera amenaza de este tipo de procedimiento, cuando sea suficientemente real e inminente, puede estar en sí misma en conflicto con lo estipulado en el art. 5 de la CADH, porque esta situación constituye un trato inhumano. “La Casita” no contaba con elementos adecuados y necesarios para atender a las personas allí recluidas; no había agua potable, los bańos no funcionaban y los objetos de aseo personal no eran suficientes. La Corte IDH ha dicho que, este tipo de condiciones sumado a la situación de la persona que las padece, pueden conllevar sentimientos de humillación e inferioridad, excediendo el límite inevitable de sufrimiento que provoca la detención, configurándose una violación al art. 5 de la CADH. Es obligación del Estado per se, garantizar que en las instituciones públicas donde hayan personas recluidas, los servicios básicos sean prestados de manera permanente y en atención a las necesidades de cada individuo. Quienes se encuentran privados de la libertad deben disponer de espacio suficiente, sin embargo, en “La Casita” habitaba un total de 400 personas distribuidas en 7 áreas, cada área contaba con 4 dormitorios, así que en promedio en cada dormitorio convivían 14 personas aproximadamente, lo cual es un indicador de hacinamiento, el cual en sí mismo constituye una violación a la integridad personal, tal y como lo sostiene la Corte IDH . Al respecto, se ha estipulado que la ocupación de instituciones por encima del número de plazas permitido debe ser prohibida por la ley y, que cuando con ocasión de esto se presenten vulneraciones de derechos humanos, el hacinamiento trasciende al grado de pena o trato cruel, inhumano o degradante. La alimentación en el albergue se limitaba a una porción de pan y una taza de té en la mańana, al almuerzo y cena se daba un plato de sopa o arroz con frijoles y una fruta, en ocasiones se servía una porción de pollo o carne. Alimentación que no responde en cantidad, calidad y aporte nutritivo suficiente; en contravía de los estándares internacionales. Según la Corte, la adecuada alimentación de las personas privadas de la libertad es una obligación a cargo del Estado y su desconocimiento constituye una violación del art. 5.2 de la CADH. El vestido suministrado a las personas privadas de la libertad debe ser suficiente y adecuado, y en ningún caso puede ser degradante ni humillante. Los habitantes de “La Casita” vestían ropas viejas y no ajustadas a sus medidas, algunos no contaban con calzado, hecho que de acuerdo al TEDH puede llegar a despertar sentimientos de inferioridad en los residentes, por lo que se constituye per se en una desatención a las obligaciones a cargo del Estado. Los lugares de privación de la libertad deben contar con personal calificado y suficiente para garantizar la seguridad, vigilancia, custodia y atender las necesidades médicas, psicológicas, educativas, laborales y de otra índole de los pacientes a su cargo; se debe garantizar además, que el personal esté capacitado y equipado para prestar la asistencia a las PCD asegurando un adecuado tratamiento, lo que constituye una obligación para los Estados. El albergue contaba solamente con dos personas encargadas de dar terapias físicas, psicológicas o de entrenamiento para la vida cotidiana, función que cumplían para la totalidad de residentes en el albergue; la Corte IDH ha establecido que este tipo de condiciones son per se incompatibles con una protección adecuada de la integridad personal. También es deber de los Estados, realizar una supervisión permanente de las instituciones psiquiátricas para que se garantice la preservación del derecho de los pacientes a recibir un tratamiento digno, humano y profesional, deber desatendido por Exclutia, al punto que incluso la Sala II de lo Constitucional reconoció el abandono de la “La Casita” por parte del Estado en su decisión en el recurso de amparo del 2 de diciembre de 2008. La protección a la honra y a la dignidad incluye la protección a la vida privada, y esta comprende entre otros ámbitos protegidos, el derecho a desarrollar y establecer relaciones con otros seres humanos, así como la identidad física y social, incluyendo el derecho a la autonomía y desarrollo personal. En “La Casita” le eran suministradas inyecciones anticonceptivas a las mujeres sin su consentimiento, hecho que genera una intromisión en la vida sexual de Cristal, y así una vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos, lo que implica la pérdida del control sobre sus decisiones más personales e intimas, configurándose de esta manera un incumplimiento de los deberes que le asisten al Estado. El art. 29 de la CADH hace alusión a que se debe realizar la interpretación jurídica más favorable para la persona, por lo que se requiere de acuerdo al caso en concreto, acudir a una norma mas especifica y a una interpretación extensiva de los derechos protegidos en la Convención. Por lo que, en atención a la aplicación de inyecciones anticonceptivas sin el consentimiento de Cristal, es necesario realizar una interpretación del art. 7.a de la Convención “Belém Do Pará”, para que se concluya que esto se constituye en una práctica de violencia contra la mujer. A pesar de que dicha convención no haya sido ratificada por Exclutia. De acuerdo a lo argumentado previamente, queda demostrado que Exclutia vulneró los derechos consagrados en los arts. 7.1, 7.3, 5.1, 5.2, 11.1 y 11.2 en relación con los arts. 1.1 y 2 de la CADH, siendo afectado este último derecho en la medida en que Exclutia no ha adecuado su ordenamiento jurídico a la luz de los instrumentos internacionales que regulan la situación de las PCD recluidas en instituciones psiquiátricas a su cargo. C) Exclutia violó el artículo 24 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la CADH La noción de igualdad se desprende de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, por ende, la adopción de una disposición basada en la superioridad o inferioridad de una persona o grupo de personas respecto a las demás comprende una discriminación. Este derecho tiene tal grado de importancia y trascendencia, que de acuerdo a la evolución del derecho internacional actualmente ha ingresado al dominio del ius cogens, y sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional, permeando así todo el ordenamiento jurídico. Todas las personas deben recibir un tratamiento igual en la aplicación de las normas que componen el ordenamiento jurídico del Estado en el que viven, a pesar de ello se ha establecido que, el aplicar una norma con absoluta imparcialidad sin tener en cuenta las circunstancias particulares de las personas a las que se aplique, puede causar un efecto discriminatorio. Así las cosas, la aplicación del art. 41 del código civil de Exclutia respecto a la declaración de interdicción de Cristal, se realizó sin tomar en consideración sus circunstancias particulares, como lo era el estado de duelo por el fallecimiento de su madre; por lo que al ser declarada indebidamente como interdicta se configuro en su contra una discriminación. El TEDH ha dicho que, también hay discriminación en los casos en que la persona ha sido diagnosticada como discapacitada mental sin serlo, ya que de este diagnostico se desprenden medidas que le resultan desfavorables de acuerdo a su condición real. Además, las personas expuestas a grandes adversidades, en ocasiones experimentan dificultades psicológicas, similares a síntomas de depresión moderada-grave; por lo que al momento del diagnostico, es esencial para el médico verificar no solamente los síntomas generales, sino también dificultades en el funcionamiento diario del paciente debido a dichos síntomas. Así las cosas, al no tenerse en cuenta la adversidad por la que estaba pasando Cristal al momento de su examen psiquiátrico, el diagnostico de discapacidad mental se configura como una clara discriminación en su contra. En suma, la declaración de interdicción de Cristal con base en una aplicación exegética del art. 41 del código civil de Exclutia, que como se mencionó no se ajusta a los parámetros internacionales en la materia, al igual que su diagnostico de discapacidad mental sin consideración de los lineamientos internacionales médicos al respecto, queda demostrada la vulneración del art. 24 de la CADH en relación con los arts. 1.1 y 2 del mismo instrumento internacional por parte de Exclutia. D) Exclutia violó el artículo 23 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la CADH Con base al principio iura novit curia, se solita a la Corte IDH que tenga en cuenta que de los hechos del caso también se desprende la violación del art. 23 de la CADH, ya que Cristal al ser declarada como interdicta perdió su derecho al voto. Los derechos políticos son de vital importancia debido a la relación que guardan con otros derechos consagrados en la Convención, como son: la libertad de expresión, de reunión y de asociación, que en conjunto hacen posible el juego democrático. Estos derechos están previstos también como oportunidades según el art. 23 de la CADH, de esto se deriva la obligación del Estado de garantizar que las personas que sean titulares de derechos políticos tengan una oportunidad real para ejercerlos. La participación política incluye amplias y diversas actividades, realizadas ya sean de manera individual o colectiva, con el fin de intervenir en la designación de quienes gobernarán un Estado. Con relación a las PCD, este derecho se debe ejercer en igualdad de condiciones frente a los demás, asegurando su participación plena en la vida política y publica. Aunque el TEDH reconoce un margen de apreciación a los Estados en la determinación de los justificantes en la restricción del voto en determinados casos, también ha manifestado que con base a principios internacionales la prohibición absoluta del voto de las personas bajo tutela no se puede enmarcar dentro de dicho margen. No obstante, no se puede dejar de lado el hecho de que el proceso por el cual Cristal fue declarada interdicta no se ajustó a estándares internacionales, por lo que es evidente la vulneración del art. 23 en relación con los arts. 1.1 y 2 de la CADH por parte de Exclutia en perjuicio de aquella. E) Respecto a la solicitud de Medidas Provisionales El art. 63.2 de la CADH faculta a la Corte IDH para que una vez cumplidos los requisitos de extrema gravedad, urgencia y cuando sea necesario evitar dańos irreparables, adopte las medidas provisionales que considere pertinentes. Este Tribunal ha establecido dos tipos de medidas, las primeras de naturaleza cautelar, que consisten en asegurar el resultado del fallo, mientras se propende por la protección de las presuntas víctimas; y las segundas de naturaleza tutelar, a las cuales no les interesa el resultado del proceso, sino la protección de los derechos humanos de las presuntas víctimas; constituyéndose estas en una verdadera garantía jurisdiccional preventiva. El 6 de abril de 2014, Cristal sufrió una crisis emocional luego de enterarse del fallecimiento de una de sus amigas, por lo que uno de los guardas trató de controlarla, ella lo empujó, lo que hizo que fuera llevada al cuarto de aislamiento. Teniendo en cuenta que ella no representaba un peligro inminente y grave para sí misma o para terceros, dicha medida es desproporcionada. Al momento de la práctica del aislamiento no se tuvieron en cuenta otro tipo de medidas menos restrictivas, no se contó con la orden del médico tratante y no fue practicada por personal idóneo, evidenciándose así una situación de extrema gravedad y urgencia, que potencialmente puede acarrear un dańo irreparable para Cristal. Respecto a la gravedad, se tiene que la misma debe ser extrema, es decir, que se encuentre en su grado más intenso o elevado. Al respecto, como consecuencia del aislamiento, no solamente se vulnera el derecho a la libertad personal, sino que debido a las condiciones en que se practica, se vulneran además los derechos a la integridad personal y a la dignidad humana. En cuanto a la urgencia, se ha entendido por esta que haya un riesgo o amenaza que sean inminentes, por lo que la respuesta para remediar la situación debe ser inmediata, situación que se demuestra debido a la continuación de la práctica del aislamiento al interior de “La Casita”. Con relación al dańo, se requiere que exista una probabilidad razonable de que se materialice y que no debe recaer en bienes o intereses jurídicos que puedan ser reparables; en el caso sub litis el aislamiento afectó la integridad física y mental de Cristal ocasionando dańos, y de volverse reiterativa esta práctica en su contra, se ocasionarían dańos de tal magnitud que sería imposible la reparación de los mismos. Es por estas razones que se solicita a la Corte IDH se ordene a Exclutia la suspensión de la práctica del aislamiento en contra de Cristal. Sin embargo, no se puede desconocer la situación en la que se encuentran las demás personas recluidas en “La Casita”, y que ya en otros casos este Tribunal ha otorgado medidas provisionales de carácter tutelar para un numero plural de sujetos que si bien es cierto, no se constituían en víctimas determinadas, si eran víctimas determinables debido a que se encontraban en una situación de igual riesgo de sufrir actos de agresión. IV. PETITORIO A) Medidas de reparación integral: rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización. De acuerdo al art. 63.1 de la CADH, cuando las violaciones a los derechos consagrados en dicho instrumento internacional se realizan en contra de PCD, las medidas de reparación deben ser mucho más amplias y no limitarse exclusivamente a la rehabilitación medica, sino que deben incluir medidas que propendan por ayudar a la persona a afrontar las barreras o limitaciones que le han sido impuestas, para que la misma pueda “lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida”. Es por esto que esta representación solicita las siguientes medidas: A.1) Medidas de rehabilitación Que se brinde atención adecuada a los padecimientos físicos y psicológicos sufridos por la seńora Cristal Tovar derivados de las violaciones a sus derechos por parte del Estado de Exclutia, incluyendo capacitación vocacional para su reintegración a la vida en comunidad. Que se le ofrezca a la seńora Cristal Tovar acceso a programas de habilitación y rehabilitación, en los que se tengan en cuenta su opinión y condición actual, que le permitan establecer y desarrollar un proyecto de vida. A.2) Medidas de satisfacción Que el Estado publique el resumen oficial de la Sentencia elaborado por la Corte IDH en el diario oficial, así como en un diario de amplia circulación nacional. Y la sentencia en su integridad en un sitio web oficial por un periodo mínimo de un ańo. Que se ordene al estado de Exclutia que realice un acto público en que reconozca su responsabilidad internacional por la violación de los derechos de la seńora Cristal Tovar. A.3) Garantías de no repetición Que una vez la seńora Cristal Tovar esté preparada para su reintegro a la vida en sociedad el Estado destine dinero invertido en su manutención y cuidado en “La Casita” a la consolidación de un subsidio a su favor, que debe comprender gastos relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales adecuados. Que con ocasión a los severos efectos secundarios sufridos por la seńora Cristal Tovar debido a la medicación que le fue prescrita y que vulneraron su derecho a la integridad personal, se investigue y sancione a los responsables. Que debido a la no adecuación del art. 41 del código civil de Exclutia a la CADH y a los estándares internacionales en la materia, se realice una reforma legislativa que se ajuste a lo consagrado en los instrumentos internacionales aplicables a las PCD. Que debido a la inadecuada atención para el tratamiento e internación de PCD en albergues como “La Casita”, se desarrolle por parte del Estado de Exclutia un programa de formación y capacitación para el personal médico, psiquiátrico, psicológico, de enfermería, auxiliares de enfermería y para todas aquellas personas vinculadas con la atención de las PCD. Que debido al procedimiento surtido dentro de la declaratoria de interdicción de la seńora Cristal Tovar, se conmine a la rama legislativa del Estado de Exclutia a que al momento de emitir una decisión se realice un control de convencionalidad por parte de los jueces, teniendo en cuenta también las situaciones de vulnerabilidad que pueda afrontar la persona. Que se implemente una cátedra en las universidades públicas del Estado de Exclutia sobre los derechos de las PCD, para propender así por el respeto y garantía de sus derechos. A.4) Indemnizaciones compensatorias Debido a que no es posible la restitutio in integrum de los derechos humanos vulnerados a Cristal Tovar por parte del Estado de Exclutia, esta representación solicita que como lo ha reiterado en su última jurisprudencia se fije en equidad la indemnización por concepto de dańo inmaterial. Finalmente, teniendo en cuenta que la actividad desplegada por la victima en la búsqueda de justicia implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada, esta representación solicita se condene al Estado de Exclutia en costas y gastos. B) Petitorio En consideración a lo ya expuesto se le solicita a este distinguido Tribunal que: Se conceda la medida provisional solicitada a favor de la seńora Cristal Tovar. Se desestime la excepción preliminar invocada por el Estado de Exclutia. Que se declare internacionalmente responsable al Estado de Exclutia por la vulneración de los derechos consagrados en los arts. 3, 5.1, 5.2, 7.1, 7.3, 8.1, 11.1, 11.2, 23, 24 y 25.1 de la CADH en relación con los arts. 1.1 y 2 del mismo instrumento internacional. Que se exhorte al Estado de Exclutia a ratificar la Convención “Belém Do Pará”. Que se concedan las medidas de reparación enunciadas a favor de la seńora Cristal Tovar.  FAUNDEZ LEDESMA, Héctor. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Tercera Edición. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José 2004, pág. 605.  Ibídem. Pág. 618.  Ibídem. Pág. 627.  GONZALEZ VOLIO, Lorena. La competencia de la Corte Interamericana a la luz de su jurisprudencia y su nuevo reglamento. Ponencias curso regional “La institución del Ombudsman de Centroamérica y Holanda: un análisis comparativo”. San José, 2002, pág. 27.  Corte IDH Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203. Párr. 17; Corte IDH Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248. Párr. 30.  Reglamento de la Corte IDH. Art. 42.2.  Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C No. 257, Párr. 35; Corte IDH. Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 274, Párr. 21; TEDH, Caso Sabri Güne_ Vs. Turquía, no. 27396/06, 29 de junio de 2012. Párr. 41.  Además de la CADH otros instrumentos internacionales comprenden este derecho, ejemplo de ello se puede encontrar en el art. 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el art. 12 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; el art. 16 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; el art. 17 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; el art. 5 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos; y el derecho 7 de la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental.  Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, Párr. 179.  Corte IDH. Caso de las Nińas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, Párr. 177; Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peńa Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, Párr. 97. O’DONNELL, Daniel. Derecho internacional de los derechos humanos – Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano. Primera Edición. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bogotá 2004. pág. 584.  Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Art. 12.  GONZÁLEZ RAMOS, Alonso Karim. CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Primera Edición. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México. México D.F. 2010. Pág. 76.  Primera reunión extraordinaria del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad. 4 y 5 de mayo de 2011.  GONZÁLEZ RAMOS, Alonso Karim. CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Primera Edición. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México. México D.F. 2010. Pág. 96-99.  Ibídem, págs. 102 y 103.  Las figuras de “Good man” y “forvaltare” en el caso de Suecia y la figura del procurador en el caso de Alemania.  Además de la CADH otros instrumentos internacionales comprenden este derecho, ejemplo de ello se puede encontrar en los arts. 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; los arts. 18 y 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; los arts. 14 y 15 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; el art. 6 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales; y el art. 7 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos .  OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003, Párr. 123.  Corte IDH. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, Párr. 74.  Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental. Adoptados por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 46/119, de 17 de diciembre de 1991.  Países como Brasil, en el art. 1768 de su código civil; Chile, en el art. 443 de su código civil; Colombia, en los arts. 532 y 548 de su código civil; Ecuador, en los arts. 464 y 481 de su código civil; Guatemala, en el art. 12 de su código civil; Paraguay, en el art. 74 de su código civil; Perú, en el art. 583 de su código civil; y República Dominicana, en los arts. 490 y 491 de su código civil.  TEDH, Caso Alajos Kiss Vs. Hungría, N° 38832/06, Mayo 20 de 2010. Párr. 44.  TEDH, Caso Shtukaturov Vs. Russia, N° 44009/05, Marzo 27 de 2008. Párr. 72.  Cfr. TEDH, Caso Shtukaturov Vs. Russia, supra nota 23. Párr. 73.  Código Civil de la República de Paraguay. Art. 76.  Corte IDH. Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, Párrs. 302 y 303.  Además de la CADH otros instrumentos internacionales comprenden este derecho, ejemplo de ello se puede encontrar en el art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el art. 13 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales; el art. 18 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.  OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Párr. 25.  Corte IDH. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Solicitud de Revisión de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Resolución de la Corte de 13 de septiembre de 1997. Serie C No. 45, Voto disidente del Juez A. A. CANÇADO TRINDADE, Párrs. 18 y 21.  Diez Principios Básicos de las Normas para la Atención de la Salud Mental. Organización Mundial de la Salud. División de Salud Mental y Prevención del Abuso de Sustancias, Principio 7; Cfr. TEDH, Caso Shtukaturov Vs. Russia, supra nota 23. Párr. 108.  TEDH, Caso Stanev Vs. Bulgaría, N° 36760/06, Enero 17 de 2012. Párr. 241.  Informe provisional del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes – A/63/150, párr. 69.  Además de la CADH otros instrumentos internacionales comprenden este derecho, ejemplo de ello se puede encontrar en el art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; los arts. 25 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; el art. 9 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; el art. 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; y el art. 6 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos; y el derecho 9 de la Declaración de los Derechos del Impedido.  Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íńiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, Párr. 52.  O’DONNELL, Daniel. Derecho internacional de los derechos humanos – Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano. Primera Edición. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bogotá 2004. pág. 280.  Corte IDH. Caso de los “Nińos de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, Párr. 135; Cfr. Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Supra nota 9, Párr. 141; Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, Párr. 223; Asunto Gutiérrez Soler, Medidas Provisionales respecto de Colombia, Resolución de la Corte del 11 de marzo de 2005, considerando 12.  Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental, adoptados por la Asamblea General en su Resolución 46/119, de 17 de diciembre de 1991, Principio 12.1.  Cfr. TEDH, Caso Shtukaturov Vs. Russia, supra nota 23. Párr. 106; Cfr. TEDH, Caso Stanev Vs. Bulgaría, supra nota 31, párr. 117.  Cfr. TEDH, Caso Stanev Vs. Bulgaría, supra nota 31, párr. 117.  Cfr. TEDH, Caso Stanev Vs. Bulgaría, supra nota 31, párr. 145.  Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuad or. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, Párr. 98; Corte IDH. Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16, Párr. 47.  Cfr. Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íńiguez. Vs. Ecuador, supra nota 34, Párr. 93.  Cfr. Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íńiguez. Vs. Ecuador, supra nota 34, párr. 54.  Además de la CADH otros instrumentos internacionales comprenden este derecho, ejemplo de ello se puede encontrar en el art. 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; los arts. 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; el art. 7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; el art. 3 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales; el art. 5 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos; y el derecho 9 de la Declaración de los Derechos del Impedido; y en el art 17 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, Párr. 127.  Cfr. Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, supra nota 45, párr. 127.  Informe provisional del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes – A/63/150, párr. 47.  Diez Principios Básicos de las Normas para la Atención de la Salud Mental. Organización Mundial de la Salud. División de Salud Mental y Prevención del Abuso de Sustancias, Principio 5; CIDH Resolución 1/08 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, principio 10; Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, proclamada por la Asamblea General en su Resolución 2856 (XXVI), de 20 de diciembre de 1971, Derecho 2; Declaración de Madrid sobre los Requisitos Éticos de la Práctica de la Psiquiatría, aprobado por la Asamblea General de Madrid, Espańa, del 25 de agosto de 1996 y revisada por la Asamblea General de Yokohama, Japón del 16 de agosto de 2002, numeral 3; Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental, adoptados por la Asamblea General en su Resolución 46/119, de 17 de diciembre de 1991, Principio 10; y Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Resolución 48/96 aprobada por la Asamblea General de la ONU, de 4 de marzo de 1994, Art. 2.6.  Diez Principios Básicos de las Normas para la Atención de la Salud Mental. Organización Mundial de la Salud. División de Salud Mental y Prevención del Abuso de Sustancias, Principio 8.  Informe provisional del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes – A/63/150, párr. 63.  Cfr. Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, supra nota 45, Peritaje Eric Rosenthal, experto internacional en la materia de derechos humanos de las personas con enfermedades mentales.  Corte IDH. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012 Serie C No. 241, Párr. 63. CIDH Resolución 1/08 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, Disposición general.  Cfr. Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, supra nota 45, párr. 134.  Cfr. Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay, supra nota 36, párr. 167.  CIDH Resolución 1/08 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, principio XI.2.  Ibídem, principio XII.2.  Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 97.  Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 216; Informe provisional del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes – A/63/150, párr. 52.  CIDH Resolución 1/08 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, principio XII.1.  Cfr. Corte IDH. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras, supra nota 52, párr. 67.a); Corte IDH. Caso Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre de 2011. Serie C No. 236, párr. 85.  CIDH Resolución 1/08 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, principio XVII.  Ibídem, principio XI.1.  Cfr. Corte IDH. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras, supra nota 52, párr. 67.d).  CIDH Resolución 1/08 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, principio XII.3.  Cfr. TEDH, Caso Stanev Vs. Bulgaría, supra nota 31. párr. 209.  Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental. Adoptados por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 46/119, de 17 de diciembre de 1991, principio 14.  CIDH Resolución 1/08 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, principio XX;  Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Resolución 48/96 aprobada por la Asamblea General de la ONU, de 4 de marzo de 1994, Art. 2.4.  Cfr. Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, supra nota 45, párr. 132.  Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental. Adoptados por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 46/119, de 17 de diciembre de 1991; Cfr. Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, supra nota 45, párr. 108.  Además de la CADH otros instrumentos internacionales comprenden este derecho, ejemplo de ello se puede encontrar en el art. 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el art. 5 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; el art. 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; el art. 8 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales; y en el art 22 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  TEDH, Caso Niemietz Vs. Alemania, N° 13710/88, diciembre 16 de 1992. Párr. 29.  Corte IDH, Artavia Murillo y Otros (“Fecundación In Vitro”) VS. Costa Rica, supra nota 7, párr. 143.  Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, art. 23.b).  Corte IDH, Caso Fernández Ortega y Otros vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215. párr. 129.  Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Resolución 48/96 aprobada por la Asamblea General de la ONU, de 4 de marzo de 1994, Art. 9.2.  Corte IDH. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 106.  OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003, Serie A, N° 18, Párr. 101; OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A, N° 4, Párr. 55.  Convención Interamericana para la Eliminacion de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, art. 1.2.  Además de la CADH otros instrumentos internacionales comprenden este derecho, ejemplo de ello se puede encontrar en los arts. 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; preámbulo y art. 2 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; el art. 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; el art. 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; y el art. 3 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos.  Corte IDH. Caso Atala Riffo y Nińas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, Párr. 79.  CDPD, H.M. Vs. Suecia. Dictamen aprobado por el Comité en su séptimo período de sesiones (16 a 27 de abril de 2012). párr. 8.3.  Diez Principios Básicos de las Normas para la Atención de la Salud Mental. Organización Mundial de la Salud. División de Salud Mental y Prevención del Abuso de Sustancias, Principio 10.  Recomendación N° R (99) 4 Del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre los principios referentes a la protección jurídica de los mayores incapacitados, principio 3.1.  TEDH, Caso Horvát y Kiss Vs. Hungría, N° 11146/11, enero 29 de 2013, párr. 127.  DUA, Tarun y Otros. Guía de Intervención mhGAP para los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en el nivel de atención de la salud no especializada. Organización Mundial de la Salud. Panamá 2011, pág. 9.  Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 162.  Además de la CADH otros instrumentos internacionales comprenden este derecho, ejemplo de ello se puede encontrar en el art. 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; los arts. 20 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; el art. 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; el art. 3 del Protocolo I al Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales; el art. 13 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos; y en el art 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  Corte IDH. Caso Castańeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, Párr. 140.  DALLA VIA, Alberto Ricardo. Los derechos políticos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juselec/cont/29/dtr/dtr2.pdf, pág. 35.  Cfr. Corte IDH. Caso Castańeda Gutman Vs. México, supra nota 90, párr. 145.  Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, Párr. 196.  Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, art. 29.  TEDH, Caso Alajos Kiss Vs. Hungría, N° 38832/06, mayo 20 de 2010, párr. 41.  Recomendación N° R (99) 4 Del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre los principios referentes a la protección jurídica de los mayores incapacitados, principio 3.2.  Cfr. TEDH, Caso Alajos Kiss Vs. Hungría, supra nota 82, párr. 42  Este tipo de medidas se encuentran consagradas además en instrumentos internacionales como el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en su art. 41; en el Reglamento del Comité de Derechos Humanos en su art. 92; y en el Reglamento de la Corte Europea de Derechos Humanos en el art. 29.  REY CANTOR, Ernesto y REY ANAYA, Ángela Margarita. Medidas Provisionales y Medidas Cautelares en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Editorial Nomos S.A. Bogotá 2005. Pág. 211.  Ibídem, pág. 212.  Ibídem, pág. 214.  Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, art. 27.1.  Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II, Medidas Provisionales respecto de Venezuela, Resolución del 08 de febrero de 2008, Considerando 7.  Asunto del Periódico “La Nación”, Medidas Provisionales respecto de Costa Rica, Resolución del 6 de diciembre de 2001. Considerando 4; Asunto del Tribunal Constitucional, Medidas Provisionales respecto de Perú, Resolución del 14 de agosto del 2000. Considerando 11.  Asunto Álvarez y otros, Medidas Provisionales respecto de la República de Colombia, Resolución del 22 de mayo de 2013. Considerando 3.  Diez Principios Básicos de las Normas para la Atención de la Salud Mental. Organización Mundial de la Salud. División de Salud Mental y Prevención del Abuso de Sustancias, principio 4; CIDH Resolución 1/08 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, principio 22.3; Cfr. Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, supra nota 45, párr. 134.  Asunto de la unidad de internación socio educativa, Medidas Provisionales respecto de Brasil, Resolución del 25 de febrero de 2011, considerando 8.  Cfr. Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II, supra nota 98, Considerando 3.  Asunto Cuatro Comunidades Indígenas Ngöbe y sus Miembros. Medidas Provisionales respecto de Panamá, Resolución del 28 de mayo de 2010, Considerando 8.  Caso de las Comunidades de Jiguamiando y del Curbarado respecto a Colombia, Medidas Provisionales del 06 de marzo del 2003, considerando 9; Asunto de las personas privadas de la libertad en la penitenciaría “Dr. sebastiăo Martins silveira” en araraquara, săo paulo respecto de Brasil, Medidas Provisionales del 28 de julio de 2006, considerando 8 y 10; Caso Carpio Nicolle respecto a Guatemala, Medidas Provisionales del 06 de julio del 2009, considerandos 26 y 27.  Corte IDH. Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina, supra nota 26, párr. 278.  Artículo 26 de la CDPD.  Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, art. III.  Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 147.  Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No.205, párr. 468.  Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 221.  Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, art. 28.2.c).  Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental, adoptados por la Asamblea General en su Resolución 46/119, de 17 de diciembre de 1991, Principio 11.16.  Cfr. Corte IDH. Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina, supra nota 26, párr. 300.  Cfr. Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, supra nota 45. Párr. 51.  Cfr. Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, supra nota 45. Párr. 250.  Corte IDH. Caso Atala Riffo y Nińas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 282.  Cfr.  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Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina, supra nota 26, párr. 305.  Corte IDH. Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 417.  Corte IDH. Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 274, párr. 293.     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